ALEGACIONES AL PROYECTO DE PLAN HIDROLÓGICO
NACIONAL
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Presentadas por D. Pedro Arrojo Agudo - DNI 24082181-P
Dpto. de Análisis Económico - Fac. de CC. Económicas y Empresariales
C/Gran Vía 2 - 50.005 Zaragoza
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Por la presente ruego tomen en consideración las siguientes alegaciones al proyecto de Plan Hidrològico Nacional presentado por el MIMAM, así como el documento adjunto de análisis que fundamenta las alegaciones en cuestión.
1- El tiempo y los medios de que ha dispuesto la ciudadanía para estudiar el proyecto y poder hacer alegaciones es absolutamente insuficiente. En este sentido debería ampliarse este plazo cuando menos a un año.
2- El modelo taumatúrgico de planificación que se desarrolla es inflexible, inadecuado e impraticable. Debería adoptarse un enfoque modular de planificación en varios niveles, en función de la urgencia de los problemas y del grado de consenso y madurez científico-técnica y social de los proyectos. El primer nivel con amplio sonsenso social debería ser de aplicación inmediata, mientras el segundo agruparía proyectos polémicos a los que se concedería entre cinco y diez años de debate técnico y social con los medios adecuados, para dejar en el tercer nivel los estudios sobre perspectivas de largo plazo.
3- El modelo de planificación empleado no es serio, especialmente en lo que se refiere a grandes obras hidráulicas, por cuanto se proyectan actuaciones que luego se explica son tan sólo opciones que no tienen por qué desarrollarse. Esa pretendida "flexibilidad", que no es tal, sino arbitrariedad en manos de la Administración de turno, suscita expectativas, tanto en sentido positivo como negativo, que en absoluto clarifican en la sociedad el camino a seguir.
4- En contra de lo que se explicita como imprescindible, tanto en el Libro Blanco como en la Directiva Marco de Aguas, el presente proyecto, lejos de desarrollar el cambio de paradigma que exige el reto del Desarrollo Sostenible, insiste en un enfoque del concepto de "Interés General" obsoleto cuya referencia esencial sigue siendo la gran obra hidráulica, apesar de sus enormes impactos socio-ambientales.
5- En coherencia con lo expresado en el punto anterior, el proyecto basa en lo esencial sus soluciones y alternativas en enfoques y estrategias "de oferta" y no de "gestión de la demanda" y de "conservación" de los ecosistemas y la calidad del recurso, tal y como exige la Directiva Marco de Aguas.
6- Los conceptos de "Desequilibrio Hidrológico", "Cuencas Excedentarias" y "Cuencas Deficitarias" son profundamente erróneos desde el paradigma del Desarrollo Sostenible, revelando una falta absoluta de comprensión de lo que significa este nuevo enfoque que exige la política europea.
7- El concepto de Déficit Estructural debería ser en sí mismo motivo de escándalo, pues indica que el Gobierno, no sólo ha permitido la sobreexplotación de los recursos en algunas cuencas, sino que actualmente asume tal situación de ilegalidad en lugar de poner los medios para corregir las actuaciones ilegales que han conducido a ella. El llamado Déficit Estructural es en definitiva un eufemismo que pretende ocultar y eludir la flagrante situación de desgobierno que impera en materia de gestión de aguas y que está llevando a sobreexplotar acuíferos, secar ríos, ocupar el espacio de dominio público en torno a nuestros ríos y contaminar impunemente el medio hídrico.
8- El hecho de que el Plan ni siquiera haya evaluado el número de pozos ilegales o "alegales" que han generado la situación de sobreexplotación, ni estudiado siquiera las circunstancias especulativas que alimentan estos procesos, unido a la propuesta de compensar tales extracciones al margen de la ley mediante nuevas aportaciones a través de los trasvases, induce expectativas de "legalización" del expolio inaceptables tanto desde el punto de vista ético como jurídico.
9- El concepto de "Cuenca Excedentaria" no sólo es inconsistente desde un punto de vista científico-técnico, sino que resulta contradictorio con los criterios de valoración ambiental y los objetivos que al respecto impone la nueva Directiva Marco de Aguas, que, de hecho, ni siquiera aparecen recogidos en el proyecto, lo que resulta de todo punto inaceptable.
10- En concreto la Directiva Marco exige "la recuperación del Estado Ecológico Natural" de rios y humedales, especificando que tal recuperación implica asumir criterios de calidad, no simplemente fisico-químicos, sino biológicos. Por contra el proyecto, en lo que se refiere a requerimientos y condiciones ambientales, asume las consideraciones de los planes de cuenca. En este sentido ignora incluso las directrices del Libro Blanco que advertía sobre el hecho de que los mal llamados "caudales ambientales", empleados en esos planes de cuenca, eran tan sólo referencias administrativas arbitrarias, carentes de rigor desde un punto de vista científico, lo que exigiría su estudio y replanteamiento.
11- En la línea del punto anterior, la Directiva Marco exige integrar deltas, estuarios y litorales en la gestión de las cuencas, extendiendo por tanto la exigencia de la recuperación del estado ecológico natural a los ecosistemas de estos entornos. Lejos de asumir este nuevo enfoque, el proyecto tan apenas si reconoce el problema de la cuña salina en el Delta del Ebro, dejando el estudio de sus efectos en un nivel absoltamente insuficiente, ignorando impactos de eutrofización, afección a la biodiversidad del Delta, acuicultura y pesquerías costeras, erosión litoral y subsidencia, impactos en las arenas de playas etc... En este sentido asume una posición de pretendida "impotencia", de todo punto injustificable, respecto a los problemas derivados de la falta de flujos sólidos, en lugar de desarrollar los estudios técnicos de gestión de estos flujos en la cuenca y asumir las pertinentes actuaciones, tal y como exige la sostenibilidad del Delta que por ley debe garantizrse.
11- En lo se refiere a la construcción de nuevos grandes embalses, existen graves contradicciones que exigen su reconsideración. En la mayoría de los casos se trata de embalses justificados en sus respectivos proyectos para desarrollar cientos de miles de nuevas hestáreas de regadío que no aparecen contempladas en el Plan Nacional de Regadíos. Tal es el caso de embalses como Itoiz, Recrecimiento de Yesa, Biscarrués, Santaliestra y Rialp, en el Pirineo, cuyas capacidades en absoluto se corresponden con las acotadas previsiones de regadío del citado Plan Nacional de Regadíos. En otros casosm como los embalses de Castrovido, Velacha y otros en la Cuenca del Duero, los pretendidos nuevos regadíos a trasformar estarían a más de 600 metros de altitud (en ocasiones a más de 800) con lo que entran en contradicción con las argumentaciones y previsiones del Libro Blanco del Agua.
12- En otros casos los proyectados embalses destruirían o afectarían gravemente espacios naturales protegidos o propuestos en la Red Natura 2000. Tal es el caso de Breña II, Melonares, embalses en el Bullaque (Guadiana), Torre del Conte (Matarraña-Ebro) etc... En la mayoría de los casos se producirían afecciones graves e irreversibles a ecosistemas fluviales bien conservados con lo que, más allá de que hoy estén reconocidos por sus altos valores naturales y protegidos, o no, se entra en contradicción con la exigencia de la Directiva Marco de conservar el Estado Ecológico de los pocos ríos que todavía disfrutan de ese buen estado. Tales serían los casos de embalses como el de Caldas de Reis (Umia), Santaliestra (Ésera), Biscarrués (Gállego) , Itoiz (Irati), Castrovido (Arlanza) y otros muchos.
13- El Plan elude considerar los gravísimos daños ambientales que están generando las minicentrales sobre los tramos de cabecera que generalmente son los mejor conservados. Al respecto no sólo habría que parar la oleada de nuevas minicentrales que amenazan estos últimos patrimonios fluviales bien conservados, sino revisar las actuales concesiones, suprimiendo unas y en todo caso flexibilizando otras de forma que en periodos estivales se evite la desecación de tramos enteros de rios.
14- El Plan elude abordar el problema de la seguridad en materia de grandes presas, cuestión en la que a nivel mundial se viene proponiendo el aumento de medidas de seguridad de cara a las poblaciones que viven aguas abajo. España, siendo el pais del mundo con más presas por habitante y kilómetro cuadrado, dispone de un sistema, así como de unos medios de control y vigilancia exiguos, que para colmo se han visto ultimamente afectados por presiones políticas y medidas administrativas que han reducido su operatividad. Todo ello nos coloca hoy como el pais del mundo con más riesgos de accidente hidráulico, tal y como se ha argumentado desde medios técnicos especialistas en la materia reiteradamente (denuncia ante el Defensor del Pueblo). Tales riesgos, en el caso de proyectos en construcción o tramitación, han sido denunciados con estudios técnicos solventes en casos como Santaliestra, Itoiz, Recrecimiento de Yesa y Caldas de Reis, a pesar de lo cual aparecen entre las obras a realizar en PHN.
15- El Plan elude abordar el desgobierno existente en materia de control y gestión del espacio de dominio público. En este sentido, en lugar de abordar la responsabilidad de la Administración de desalojar explotaciones e invasiones ilegales o irregulares de este dominio, se mantiene el tradicional enfoque que pretende resolver los problemas de seguridad ante avenidas mediante la construcción de grandes presas. Tal es el caso de embalses como Castrovido, Torre del Conte y la práctica totalidad de presas previstas, en cuyos proyectos, con mayor o menor relevancia, pero sin el más elemental rigor técnico, se mantiene el objetivo de "laminación de avenidas".
16- El Plan es inconsistente, confuso y poco riguroso en lo que se refiere a la regulación de los grandes trasvases del Ebro. Por un lado reconoce la necesidad de regular 1000 hm3 para el trasvase; reconoce que la capacidad de hacerlo en tránsito, fuera de la cuenca del Ebro es muy escasa en el proycto; y finalmente plantea dos posibles escenarios, el uno basado en la construcción de nuevos embalses y el otro en la expropiación de derechos con el fin de usar el embalse de Mequinenza como pieza de regulación de dichos trasvases. Respecto a los embalses del llamado Pacto del Agua en Aragón (además de Itoiz y Rialp) el Plan señala que se construyen por "respeto al Plan dela Cuenca del Ebro", pero que la expectativa de que sirvan para regular caudales para cientos de mles de nuevas hectáreas de regadío son remotas, dado que no son viables económicamente y entran en contradicción con la política agraria europea y con las previsiones del Plan Nacional de Regadíos. En tales condiciones es incomprensible que el Gobierno, único responsable de la elaboración de este Plan, impulse la construcción de estos impactantes y conflictivos embalses, salvo que su objetivo final, como resulta obvio por otro lado, sea realmente regular los grandes trasvases previstos. La opción formal por Mequinenza como la pieza clave de regulación queda fuera de lugar, puesto que exigiría expropiar no sólo derechos concesionales de turbinado, sino la propiedad misma de la presa, que es privada (ENHER), dispendio que sería absurdo de construirse esas enormes presas pirenáicas que quedarían ociosas, más allá de sus utilidades hidroeléctricas. La asignación de costes nulos a este capítulo en los cáculos económicos, obviando incluso la previsión de expropiación de derechos en Mequinenza, completa este oscuro y confuso apartado.
17- Los estudios económicos desarrollados para justificar la racionalidad del proyecto desde el punto de vista de su rentabilidad, son incorrectos y adolecen de graves irregularidades que, en algunos casos, deben calificarse como prevaricación técnica. . Por ello este estudio debe ser reelaborado desde el rigor de la metodología que formalmente queda expuesta al principio de la memoria, pero que posteriormente es olvidado en su desarrollo práctico.
18- El valor de oportunidad de los caudales urbanos se sobrevalora al asumirse como alternativa más barata la desalación de aguas de mar, lo que es simplemente falso, ya que el uso de caudales de riego accesibles sitúa estos costes en media entre 15 y 20 pts/m3 (tal y como reconoce en otro apartado el propio Plan). La pretendida disculpa (explícita) en el sentido de que tales valores de oportunidad no tienen reflejos de mercado, es a su vez falsa por cuanto en la mayoría de las zonas receptoras del trasvase existen mercados de aguas subterráneas (privadas) que, en caso de Murcia sitúan los precios entre 20 y 30 pts/m3. Por todo ello asumir 25 pts/m3 para el valor de oportunidad de los caudales urbanos sería una valoración que, aún siendo elevada, comparada con las 135 pts/m3 (cifra desorbitada incluso para desalación de aguas marinas desde las tecnologías actuales, que según los datos oficiales del CEDEX se situan hoy entre 90 y 100 pts/m3), supone un incremento injustificable de 110 pts/m3. Simplemente corregir tal incremento lleva los resultados del VAN a balances claramente negativos, por debajo de -300.000 millones de pts.
19- El proyecto, en lo que se refiere a usos agrarios emplea como beneficios incrementales los incrementos de Valor Añadido Neto, cometiendo un error metodológico inaceptable, al incluir costes laborales como pretendidos beneficios. En este sentido el concepto de beneficio que debe emplearse es el caracterizado como tal en la contabilidad agraria del MAPA y de la UE, una vez descontados impuestos y subvenciones. Tal concepto, que equivale al de Beneficio Extraordinario en teoría económica, es el que debe responder en un análisis económico coste-beneficio de los costes del cambio tecnológico en cuestión.
20- El proyecto elude capítulos sumamente relevantes de costes como los de regulación y de depuración en origen.Ambos capítulos son contemplados al desarrollar los criterios metodológicos y sin embargo contabilizados con valor nulo en la posteriormente. En lo que se refiere a la regulación deberían incluirse los costes correspondientes a los nuevos embalses pirenáicos (Itoiz, Recrecimiento de Yesa, Biscarrués, Santaliestra y Rialp) en proporción a los caudales regulados con prioridad para el trasvase. En lo que se refiere a la calidad en origen, la memoria prevé contabilizar los costes de depuración de caudales trasvasables que fueran de mala calidad. En concreto el Plan Hidrológico del Ebro explicita este calificativo para las aguas del Ebro en el punto de derivación de los trasvases, lo que obligaría a considerar tales costes de depuración, cuando menos para los caudales urbanos. Sin embargo el proyecto acaba asignando costes nulos también a este capítulo.
21- El proyecto sesga a la baja costes en los presupuestos de inversiones para la construcción de las correspondientes infraestructuras. Por un lado amortiza el conjunto de inversiones a 50 años, siendo que más de una cuarta parte de las inversiones se destinan a instalaciones de bombeo, balsas y otras infraestructuras cuyo estándar de amortización es a lo sumo de 25 años. Por otro lado la metodología de estimación presupuestaria sobre la base de medias en "obras similares" desde caracterizaciones físicas generalistas ( por ejemplo altura y longitud de la presa... ), se demuestra en la práctica como una metodología que sesga a la baja los presupuestos en el caso de este tipo de proyectos faraónicos, altamente dependientes del territorio en concreto sobre el que se actua en cada caso. En este sentido esperar desviaciones en la ejecución, respecto a estos presupuestos inmaduros, del 50% e incluso más, sería realista.
22- El valor de oportunidad de la energía sobre la base de los mercados existentes, sumamente inmaduros y en coyuntura de arranque, es infiable y sesga enormemente a la baja lo que deberían ser previsiones realistas de futuro mucho más altas y crecientes, especialmente en una perspectiva de 50 años. Por otro lado el análisis comete graves irregularidades metodológicas al usar valoraciones financieras en lugar de económicas y contabilizar artificiosamente muy por encima el valor de la energía producida que el de la energía consumida, lo cual es sencillamente inaceptable.
23- Respecto a la valoración de las "compensaciones", el hecho de que el propio proyecto especifique conceptualmente el aspecto que se pretende valorar, el "valor de existencia" de los entornos impactados, hace de la estimación de 5 pts/m3, es decir un 10% de los costes medios, una estimación inaceptablemente arbitraria. Tal estimación resultad especialmente difícil de justificar, siquiera en orden de magnitud, cuando la generalidad de la literatura científica al respecto desemboca en valores de existencia por impacto de grandes infraestructuras muy superiores.
24- En el capítulo de costes, la memoria acaba presentando valores medios de 53 pts/m3, eludiendo lo que sería más significativo, que serían los costes marginales desglosados por tramos. Al eludir esta cuestión se falsea el enfoque que plantea la UE en la Directiva Marco, según el cual cada usuario debe responder de los costes que induce con sus demandas. Resulta absurdo pensar que un beneficiario del trasvase en Castellón acabe pagando lo mismo que otro en Almería. Eludir este desglose de costes impide racionalizar las dimensiones del proyecto mediante el contraste de costes y beneficios marginales, que es una de las palancas más eficaces a usar desde el análisis económico. Desde los propios cálculos del Ministerio, el simple desglose de costes lleva a cantidades superiores a 100 pts/m3 para la Cuenca del Segura y Almería, cuestión que, en simple contraste con los costes de desalación de aguas salobres e incluso marinas (90-100 pts/m3) exigiría, cuando menos, remodelar a la baja drásticamente las dimensiones y ambiciones del proyecto.
25- Otro grave defecto del proyecto de PHN es la falta de estudios de simulación que permitan estimar la evolución de demandas y de distribución de las mismas que previsiblemente introducirán los mercados de derechos concesionales legalizados por la Reforma de la Ley de Aguas. Obviamente tales expectativas son sumamente significativas. Con toda probabilidad las demandas urbano-turísticas van a imponer su mayor capacidad de pago, lo que desviará a corto, medio y largo plazo buena parte de ese pretendido 55% de caudales del trasvase destinados a usos agrarios hacia usos urbano-turísticos. Por otro lado, sería esencial conocer las expectativas que se podrían barajar en la distribución de demandas que se generaría desde esos mercados con antelación al desarrollo de los trasvases. Como mínimo se habría una reordenación de usos que dejaría, en buena lógica, como insatisfechos los que tuvieran menor capacidad de pago. Esa sería la capacidad de pago que en rigor debería contrastarse con los costes del trasvase.
26- Respecto a las expectativas de cambio climático la metodología empleada en el proyecto de PHN es incorrecta. La incertidumbre genera costes y valores que deben estimarse adecuadamente. En este caso esa fuerte incertidumbre, afectando a riesgos graves e impactos irreversibles, o difícilmente reversibles, impone la necesidad de articular una metodología prospectiva que permita tomar en cuenta el alto valor de oportunidad de la prudencia. Ello supone en rigor determinar el abanico de plausibilidad en cuanto a los escenarios posibles para usar una franja pesimista en ese abanico. En lugar de aplicar este enfoque metodológico el proyecto relativiza la vigencia de estos riesgos y del propio fenómeno, hasta niveles que causan vergüenza ajena a nivel internacional, para acabar asumiendo un escenario en la franja optimista (5% de disminución de escorrentía), cambiando, sin argumento alguno, la postura más prudente y rigurosa expuesta por el Libro Blanco (17% de disminución de escorrentía).
27- El proyecto persevera en la tradicional marginación de la gestión de aguas subterráneas. Estas son tan apenas consideradas a la hora de hablar de los llamados " déficits estructurales", y de la sobreexplotación, que se supone debe corregirse, en vez de con medidas de gestión, con la aportación de los trasvases. En este sentido sigue sin investigarse la importante lección económica de "Full Cost Recovery" que en el regadío se ofrece desde las aguas subterráneas; se sigue sin estudiar y desarrollar objetivos y estrategias de gestión integrada de aguas subterráneas y de superficie; se sigue sin asumir la responsabilidad pública de acabar con la anarquía y la insumisión hidrológica de quienes especulan ilegal o "alegalmente" con ese patrimonio público que son las aguas subterránea, abocando a procesos de sobreexplotación. Hoy es inaplazable la declaración de acuífero sobreexplotado en muchas zonas y la correspondiente aplicación de la ley, fomentando la organización colectiva en comunidades de usuarios desde las responsabilidades ineludibles, en última instancia de la Administración, para garantizar la explotación sostenible de estos patrimonios..
28- Sigue sin abordarse los problemas de desgobierno y descontrol de vertidos y contaminación directa o difusa, tanto en cauces como en acuíferos, debéndose asumir ante esta problemática los criterios de calidad biológica que exige la Directiva Marco para recuperar el Estado Ecológico de los Ríos. En este sentido resulta particularmente dramático e inaceptable la falta de tratamiento de los problemas de fondo que han llevado y llevan a la situación de ríos como el Segura en su desembocadura. La pretendida solución de traer caudales del Ebro elude abordar esos problemas de fondo de contaminación y sobreexplotación descontroladas, que ni siquiera aparecen diagnosticados en el Plan, repitiéndose una situación muy parecida a que se generó con la experiencia del trasvase Tajo-Segura, que desembocó en una incentivación de demandas que acentuaron la sobreexplotación, la contaminación y la ruina del Bajo Segura.
29 - Se elude una vez más el reto de la reforma institucional que requieren los tiempos. Cambios hacia un nuevo modelo de planificación y gestión de las aguas, basado en estrategias de gestión de la demanda y de conservación de los ecosistemas y no en el simple fomento de obras públicas. Ello implica un cambio profundo de mentalidad y de plantillas profesionales (pluridisciplinares) en las Confederaciones Hidrográficas y en el MIMAM.
30- Por último el proyecto ignora el enfoque que la Directiva Marco establece para la gestión de cuencas compartidas internacionalmente. En este sentido, una vez más el Plan mira hacia atrás y no hacia los compromisos del presente y del futuro previsible. Las únicas alusiones que se hacen son las que se refieren a que se cumplirá el acuerdo hispano-luso, en lugar de analizar y asumir los retos de superación de tales acuerdos que supone la Directiva. Es preciso en este sentido la revisión de los actuales planes de cuenca en estos ríos, abriendo un nuevo proceso de elaboración desde la participación ciudadana a ambos lados de la frontera en cada cuenca. Este elemento exige igualmente la reelaboración de este PHN que ha sido concebido desde la base de los citados Planes de Cuenca, que a su vez fueron elaborados sin contar para nada con Portugal.
