Con este breve artículo no se pretende realizar un exhaustivo análisis del anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional, sino sólo dar unas pinceladas de la complejidad del debate social que gira entorno a este tema en España.
En primer lugar, es preciso reconocer que las aguas continentales son un bien público de todos los españoles, tutelado por la Administración General de Estado a través de las Confederaciones Hidrográficas, que son organismos autónomos pertenecientes al Ministerio de Medio Ambiente. El agua, como bien público y escaso, debe ser gestionado con criterios de racionalidad y sostenibilidad, con un escrupuloso respeto a las leyes y a la normativa comunitaria, y puesto al servicio de los intereses generales del Estado, pero sin perjuicio de las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, conviene tener en cuenta que el agua dulce es motor de desarrollo socioeconómico y que desde tiempos remotos ha sido motivo de pactos, regulaciones y conflictos socioculturales de gran importancia, por lo que cualquier gestión de este bien tan preciado deberá partir del hecho de que los usos del agua originan tensiones sociales. Desde una perspectiva social, la gestión del agua no se reduce a los problemas tecnológicos derivados de la construcción de las obras hidráulicas o de los impactos ambientales, sino que es preciso evaluar en su conjunto los riesgos socioambientales, los perjuicios socioeconómicos y culturales ocasionados por las inundaciones y construcciones, los desequilibrios económicos territoriales y las demandas históricas de desarrollo agropecuario e industrial.
Dicho esto, cabe preguntarse por qué el anteproyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente ha recibido tanto rechazo por parte de las Comunidades Autónomas de la Cuenca del Ebro, en particular Aragón, y por parte de los grupos ecologistas y diversos expertos en ciencias ambientales.
A mi juicio, el problema de fondo ha sido, por un lado, una cierta ingenuidad por parte del Ministerio de Medio Ambiente en el sentido de que no han sabido prever adecuadamente el rechazo que se les podía venir encima con este PHN. Sabían que el rechazo de los ecologistas y ecólogos estaba garantizado, porque obviamente un PHN de corte desarrollista trae consigo importantes impactos ambientales. Pero ha sido una sorpresa el fuerte rechazo social en Aragón, la movilización de la propia sociedad civil aragonesa en contra de este PHN. Por otro lado, la politización del debate en torno al PHN está condicionado la resolución final de su aprobación, y en este sentido juegan un papel importante las estrategias autonómicas del PSOE y la mayoría absoluta del PP en el gobierno del Estado. A nadie se le escapa que un acuerdo bipartidista PP-PSOE para la aprobación del PHN marginaría a los sectores que más lo rechazan.
Más allá del anecdotario de pronunciamientos poco correctos emitido por representantes políticos en relación con la aprobación de la Ley del PHN, lo cierto es que el debate social se centra en la incertidumbre en torno al futuro de este PHN. Trataré de hacer un breve análisis global de la situación creada.
Todos los sectores enfrentados están de acuerdo en que debe realizarse un PHN, las discusiones se centran en cómo debe ser. Existe una fuerte oposición de sectores sociales de la Cuenca del Ebro a que este río sea el que pague los costes sociales y ambientales de las necesidades hídricas de otras zonas de España. Y esta situación, por lo pronto, genera una confrontación interautonómica de gran calado, cuyos costes políticos para el propio PP estarán por ver, al menos en Aragón.
Entre los sectores enfrentados, tenemos a los partidos políticos y entidades sociales a favor y en contra del PHN. Los que están a favor reclaman el agua para aumentar el desarrollo socioeconómico de sus territorios, pero los que se contraponen a este PHN alegan por un lado que los territorios del Ebro no están suficientemente desarrollados agrícola e industrialmente, y por otro lado que el coste ambiental a asumir es muy alto.
Pero vayamos por partes. La oposición a este PHN no está cohesionada. Existen plataformas, asociaciones, sectores profesionales y partidos políticos que rechazan este PHN y no coinciden en sus argumentos. Concretamente, en Aragón se da la paradoja de que hay sectores que reclaman llevar a cabo un Pacto del Agua que implica la realización de obras contempladas en este PHN, mientras que otros sectores lo rechazan. Esto es motivo de gran confusión, pero las estrategias de unos y otros están muy claras.
El Pacto del Agua no es más que un Plan Hidrológico para Aragón, y por tanto hay aragoneses que reclaman primero la ejecución de dicho Pacto del Agua y luego los trasvases de aguas sobrantes entre cuencas (línea afín a la política del PP), mientras que otros aragoneses consideran que las obras del Pacto del Agua no dejaran aguas sobrantes y serán aprovechadas en beneficio casi exclusivo de Aragón ante las grandes necesidades existentes (línea afín a la política de la alianza entre PSOE y Partido Aragonés). Por último, aunque no por ello menos legítimados, están otros aragoneses que rechazan determinadas obras del Pacto del Agua porque implican la construcción de grandes embalses que inundarán pueblos habitados y valles de interés turístico y cultural, así como importantes afecciones ambientales (corriente afín a partidos políticos de izquierda aragonesista y grupos ecologistas, apoyados por grupos similares de otras Comunidades Autónomas o del Estado).
Lo cierto es que las dos líneas a favor del Pacto del Agua aragonés tienen muchos puntos en común, y son pocos los que dudan de que se logrará un acuerdo expreso entre PP y PSOE-PAR para sacar adelante un PHN que tenga como principal pieza de engranaje el Pacto del Agua. Y el Plan Hidrológico Nacional del actual Gobierno de España saldrá adelante, al menos su texto legal. Llegados a tal extremo, los detractores de los grandes embalses tendrán el recurso al pataleo y a la defensa de sus legítimos derechos ante los tribunales, y quizás puedan retrasar la ejecución del PHN.
En cualquier caso, hay un interrogante que queda en el aire y mantiene la incertidumbre entre propios y extraños: ¿cuál será el coste económico, ambiental y social de este PHN? Y en este sentido, ¿habrá financiación de la Unión Europea para este PHN, teniendo en cuenta las directrices de la Directiva Marco del Agua? No parece extraño que se apruebe el PHN, dada la actual mayoría absoluta del actual partido en el poder, pero sus impactos ambientales y sociales están siendo puestos de manifiesto por destacados científicos, representantes institucionales y asociaciones. Sin duda, lo que está en juego es la credibilidad de la aplicación de la política ambiental comunitaria en España. Cabe preguntarse si se pueden asumir políticamente los perjuicios ambientales y sociales de este PHN, parece ser que sí. En caso afirmativo, veremos si también se pueden asumir económica y judicialmente. Está en juego el futuro del Ebro.
Selección de páginas web donde el lector podrá encontrar más información sobre el debate social entorno al Plan Hidrológico Nacional y documentación complementaria, así como otros enlaces:
